Interesante Sentencia del Tribunal Constitucional que afecta al derecho a la intimidad de las personas

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El Tribunal Constitucional ha desestimado un Recurso de Amparo basado en  “lesión del derecho a la intimidad del recurrente” y “uso de prueba ilícita” presentado contra la Sentencia de la AP de Sevilla de mayo de 2008, que condenó al recurrente como autor de un delito de corrupción de menores a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de febrero de 2009 dictada en recurso de casación que confirmó la condena.

Los HECHOS,  brevemente,fueron los siguientes:

1º.- Entre los meses de noviembre y diciembre de 2007, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, tuvo en su ordenador personal portátil numerosos ficheros de fotografías y vídeos mostrando a menores de edad desnudos, en actitudes y prácticas explícitamente sexuales.

2º.- Los ficheros que representaban tales imágenes fueron obtenidos por el acusado, mediante el sistema de intercambio de archivos “P2P”.

3º.- Durante esos meses el sujeto en cuestión tuvo una avería en el portátil, motivo por el cual, llevó el mismo a un servicio técnico para que procedieran al cambio de su grabadora. El conocimiento de existencia de dichas fotografías tuvo lugar precisamente mediante la denuncia del responsable de la empresa informática. El testigo especificó que el portátil del acusado no tenía contraseña.

4º.- La Policía Nacional procedió a la intervención del portátil y al examen de su contenido sin autorización judicial al efecto.

El TC establece que “el derecho a la intimidad personal, en cuanto derivación de la dignidad de la persona, implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás y que es necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana. No obstante, el consentimiento eficaz del sujeto particular permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva el conocimiento ajeno”.

El TC ha venido admitiendo como fin constitucionalmente legítimo que puede permitir la injerencia en el derecho a la intimidad, “el interés propio de la investigación de un delito, y más en concreto, la determinación de los hechos relevantes para el proceso penal”. La Sentencia, considera que el ordenador personal es un espacio idóneo para la proyección del derecho a la intimidad.

En relación a la necesidad de autorización judicial, el criterio general, es que “sólo pueden llevarse a cabo injerencias en el derecho a la intimidad personal, mediante la preceptiva resolución judicial motivada que se adecúe el principio de proporcionalidad. Sin embargo, esta regla no se aplica en los supuestos en que concurran motivos justificados para la intervención policial inmediata, que ha de respetar también el principio de proporcionalidad”. En este caso, el TC afirma que “nos encontramos ante uno de los supuestos de excepción de la regla general”, y entiende que la actuación de la policía fue necesaria y proporcional.

Es interesante, sin embargo, tener en cuenta el voto particular de la magistrada Doña Elisa Pérez Vera, que aunque comparte la exposición que la sentencia hace de la doctrina constitucional sobre el derecho a la intimidad discrepa sobre la actuación de la policía judicial. Considera que al estar el ordenador portátil en poder de la policía, las diligencias de investigación deberían haberse realizado una vez que se hubiera contado con la autorización judicial.

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