Ficheros de morosos, registros de impagados…

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Varias son las denominaciones de este tipo de registros que lo que pretenden es la inclusión de los datos de aquéllos que sean deudores de alguna cantidad de dinero. Estos listados registran la información sobre deudas impagadas haciéndola accesible a empresas y asociados. Sus condiciones de uso vienen reguladas en la normativa sobre protección de datos y concretamente en el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Dichos ficheros se regulan en los artículos 37 y ss del Reglamento y se denominan Ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Para poder incluir datos de una persona en este tipo de ficheros deben concurrir los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero .
b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.
c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga  alguno de los requisitos anteriores.
Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato personal desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.

La presente normativa y, en concreto, el artículo 38 sufrió varias modificaciones tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 15.07.2010. Dicha Sentencia fue dictada tras la demanda interpuesta por el Fichero de Morosidad ASNEF y tuvo como consecuencia la anulación de la segunda parte del artículo 38.1 a), relativa a la no interposición de reclamación alguna. Así como el apartado 2 de ese mismo artículo relativo al principio de prueba. Es decir, que en parte se facilitó la inclusión de datos en este tipo de ficheros.

Recientemente el Tribunal de Justicia Europeo (TUE) ha dictado una Sentencia en la que ha declarado ilegal la parte de la norma española de protección de datos que restringe el procesamiento de información sin el consentimiento del interesado, dando la razón a las empresas que gestionan registros de morosos. En concreto, la normativa española, sólo permite procesar datos personales sin consentimiento de los interesados cuando “consten en fuentes accesibles al público”. El TUE aclara que la legislación comunitaria establece dos requisitos para que un tratamiento de datos personales sea lícito: que resulte necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por los terceros a los que se comuniquen los datos y que se respeten los derechos y libertades fundamentales del interesado. Los Estados miembros no pueden añadir requisitos adicionales puesto que la directiva europea realiza una armonización completa y no de mínimos en esta materia.

A pesar de la existencia de dichas modificaciones la inclusión de datos en este tipo de ficheros de solvencia patrimonial debe llevarse a cabo salvaguardando una serie de prescripciones prueba de ello es que en reciente Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos se ha sancionado a Movistar con 50.000 €, por incluir a un cliente en un fichero de insolvencia antes incluso de reclamarle el pago de la deuda. Según la AGPD Movistar incumplió lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que supone una falta grave.

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