Creación de una página Web corporativa

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El pasado día 2 de octubre entró en vigor la última reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital. Entre sus modificaciones, debemos tener en cuenta el artículo 11 bis que regula la Sede Electrónica y que establece en su párrafo primero que “la CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB CORPORATIVA DEBERÁ ACORDARSE POR LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD. El acuerdo de creación deberá ser inscrito en el Registro Mercantil o bien ser notificado a todos los socios. La supresión y traslado de la página Web de la sociedad podrá ser acordada por el órgano de administración, salvo disposición estatutaria en contrario. Dicho acuerdo deberá inscribirse en el Registro Mercantil o ser notificado a todos los socios y, en todo caso, se hará constar en la propia página Web suprimida o trasladada, durante los treinta días posteriores a la adopción de dicho acuerdo de traslado o supresión”. La mayor parte de la doctrina considera que, en realidad, “no toda decisión de creación de una página Web debe ser aprobada en Junta General”, sino que deberá acordarse en Junta General la creación de la página Web que vaya a realizar la funciones de sede electrónica de la sociedad mercantil a efectos de practicar a través de la misma aquellas notificaciones, anuncios o convocatorias que en la Ley de Sociedades de Capital se prevé que puedan realizarse a través de la Web de la sociedad. Por ejemplo, la convocatoria de Junta General. Hay que destacar también, el carácter no obligatorio de la inscripción del acuerdo de creación de la página Web de la sociedad (así como el de modificación o supresión) en el Registro Mercantil, dado que la misma puede ser obviada si el acuerdo se notifica debidamente a los socios.

De forma adicional dicho artículo, en su párrafo segundo, regula la forma de mantener los contenidos del sitio Web y a tal efecto establece “Será a cargo de los administradores la prueba de la certeza del hecho de la inserción de contenidos en la web y de la fecha en que se hicieron. Para acreditar el mantenimiento de dicho contenido durante el plazo de vigencia será suficiente la manifestación de los administradores que podrá ser desvirtuada por el perjudicado mediante cualquier prueba admisible en Derecho.

Dada la novedad de esta modificación legal con apenas dos meses de vida, habrá que revisar de forma constante la casuística que se genere en la aplicación de esta normativa, ya que la implantación de “sedes electrónicas” en las entidades privadas va a ser cada día algo más habitual y por otro lado vigente hace tiempo en el sector público.

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